El gobierno estadounidense anunció este martes la prohibición de venta en Estados Unidos de vehículos conectados que integren tecnología china o rusa, tanto componentes como software, por considerarlos un riesgo para la seguridad nacional.
El Departamento de Comercio lanzó a fin de setiembre una investigación pública sobre este asunto, que acaba de concluir con la publicación de nuevas reglas que apuntan a “proteger la cadena de suministro de vehículos conectados de amenazas externas”. Actualmente, ningún auto conectado chino se vende en Estados Unidos.
Esta medida se enmarca en un esfuerzo más amplio del gobierno de Joe Biden para proteger la seguridad nacional frente a posibles amenazas cibernéticas. Según el subsecretario de comercio de industria y seguridad, Alan Estévez, “un coche moderno tiene mucho software. Toma muchas fotografías. Tiene un sistema de conducción. Está conectado a tu teléfono. Sabe a quién llamas. Sabe a dónde vas. Sabe mucho sobre ti”. El acceso malintencionado a estos sistemas podría permitir a los adversarios acceder y recopilar datos sensibles o manipular de forma remota los coches en movimiento.
Las nuevas reglas también exigen autorizaciones especiales para la exportación y reexportación de chips, en territorio estadounidense. Esta medida se suma a otras restricciones impuestas en 2023 sobre la exportación de ciertos chips de Inteligencia Artificial a China. Expertos de la industria han criticado estas medidas, advirtiendo que podrían causar un daño duradero a la economía de Estados Unidos y a su competitividad global.
La prohibición de venta de vehículos conectados con tecnología china o rusa es una medida significativa para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, también plantea desafíos y preocupaciones sobre el impacto económico y la competitividad del país en el mercado global.
La normativa propuesta cubre tanto el software como el hardware que conectan los vehículos con el mundo exterior, incluyendo dispositivos personales como el móvil, otros vehículos, el fabricante y la infraestructura. La medida está abierta a comentarios públicos durante 30 días.
