En enero de 2002, el Congreso del Estado de Tlaxcala promulgó la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena, una legislación histórica que reconoció y protegió los derechos culturales y sociales de los pueblos originarios.

La Ley de Derechos Indígenas de Tlaxcala fue una respuesta a la necesidad de proteger y promover la cultura, tradiciones y derechos de las comunidades indígenas en el estado. Esta ley garantizó el derecho a la libre determinación de las comunidades y pueblos indígenas en un marco constitucional de autonomía, asegurando la unidad en lo cultural, económico, político y social.

La promulgación de esta ley marcó un hito importante en la historia de los derechos indígenas en México. Según expertos, la ley no solo protegió los derechos culturales y sociales de los pueblos originarios, sino que también impulsó su desarrollo integral. La ley estableció mecanismos para el rescate, conservación y desarrollo de la cultura indígena, así como la creación de comisiones y comités dedicados a estos fines.

La Ley de Derechos Indígenas de Tlaxcala se convirtió en un modelo para otras regiones de México y América Latina. Comparada con otras legislaciones similares, esta ley destacó por su enfoque integral y su compromiso con la autonomía cultural y social de las comunidades indígenas.

La promulgación de la Ley de Derechos Indígenas de Tlaxcala en enero de 2002 fue un paso crucial para la protección y promoción de los derechos de los pueblos originarios. Esta legislación histórica no solo reconoció los derechos culturales y sociales de las comunidades indígenas, sino que también sentó las bases para su desarrollo integral y su participación activa en la vida política y social del estado.

Durante la promulgación de la ley, el gobernador de Tlaxcala, Héctor Israel Ortiz Ortiz, destacó la importancia de proteger la cultura indígena y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los habitantes del estado. La ley también estableció la Dirección de Pueblos Indígenas, encargada de coordinar y supervisar la implementación de las disposiciones legales.